Xalapa, Veracruz.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, serán denunciados ante la Corte Penal Internacional de El Haya, Holanda, por crímenes de lesa humanidad, por considerar que tienen responsabilidad en las desapariciones registradas en la entidad durante el sexenio estatal anterior.
Así lo anunciaron integrantes del Colectivo por la Paz A.C., a través de su abogado Ricardo Morales Carrasco, quien indicó que este delito está contemplado específicamente dentro de un Tratado Internacional denominado Estatuto de Roma, que contiene dentro de su articulado el establecimiento de un tribunal denominado Corte Penal Internacional.
La intención, explicó, es que debe ser dirimida y aclarada la ubicación de los cientos de desaparecidos registrados en la entidad, algunos de los cuales han sido localizados en fosas clandestinas.
Aseguró que de ser procesados y encontrados responsables, ambos exfuncionarios alcanzarían una pena de 30 años a cadena perpetua y por ser un delito de carácter internacional no hay inconvenientes con la especialización por cuanto hace a la extradición ya que la jurisdicción universal indica que en cualquier país pudo haber sido detenido y procesado.
Indicó que la ruta que seguirá esta denuncia es que será presentada ante el procurador General de la República, que deberá ordenar la integración de las investigaciones y posteriormente deberá ser entregado a Relaciones Exteriores para ser enviado a La Haya.
Así lo anunciaron integrantes del Colectivo por la Paz A.C., a través de su abogado Ricardo Morales Carrasco, quien indicó que este delito está contemplado específicamente dentro de un Tratado Internacional denominado Estatuto de Roma, que contiene dentro de su articulado el establecimiento de un tribunal denominado Corte Penal Internacional.
La intención, explicó, es que debe ser dirimida y aclarada la ubicación de los cientos de desaparecidos registrados en la entidad, algunos de los cuales han sido localizados en fosas clandestinas.
Aseguró que de ser procesados y encontrados responsables, ambos exfuncionarios alcanzarían una pena de 30 años a cadena perpetua y por ser un delito de carácter internacional no hay inconvenientes con la especialización por cuanto hace a la extradición ya que la jurisdicción universal indica que en cualquier país pudo haber sido detenido y procesado.
Indicó que la ruta que seguirá esta denuncia es que será presentada ante el procurador General de la República, que deberá ordenar la integración de las investigaciones y posteriormente deberá ser entregado a Relaciones Exteriores para ser enviado a La Haya.
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